Uno de los mayores desafíos que enfrenta el siglo XXI apunta a la construcción de sociedades
fuertemente asentadas sobre principios de derechos humanos que aseguren el pleno bienestar de
la población, la gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable. Las transformaciones
iniciadas durante el pasado siglo requieren alcanzar mayor profundidad y extenderse a todos los
ámbitos de la sociedad, en el plano de la cultura, de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y
de la distribución del poder.
La equidad de género ha surgido como una noción que articula derechos individuales y justicia
social, que es al mismo tiempo cultural y socio-política y que fija una dirección al quehacer de
diferentes actores sociales e institucionales en el marco de los mayores consensos alcanzados en
materia de derechos humanos en un mundo que se globaliza. Así se expresa en la Declaración
del Milenio (2000), cuando los Estados Partes que integran las Naciones Unidas reafirman su
determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados al respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales así como el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin
distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y se comprometen a promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el
hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible.
Esta Declaración se entiende en la medida en que hoy en día es ampliamente reconocido que en
todas las sociedades y contextos socioculturales existe un orden de género, con jerarquías que
subordinan a las mujeres, establecen el privilegio de lo masculino y su mayor valoración, y por
ende subvaloran lo femenino. Este orden configura un entramado de relaciones de poder y control
sobre lo femenino y las mujeres. Opera en la realidad configurando modelos de interacción y
significación permeados por valoraciones inequitativas de lo femenino y lo masculino y sitúa a las
mujeres en una posición de desventaja y condiciones de vida no equitativas.
Una conceptualización moderna del género, las relaciones de género y de las metas de
equidad e igualdad de género, no pueden abordarse sin situarse en el contexto de lo que son
los derechos humanos, es decir, los derechos de mujeres y hombres. Es a partir de estas
nociones que se fundamenta y justifica, tanto la conceptualización, como las propuestas de
intervención hacia una mayor equidad e igualdad en las relaciones de género. Esto, además, se
sitúa en un marco más amplio de búsqueda de equidad, reconocimiento y justicia social, de las
cuales la equidad de género forma parte y además contribuye a lograrlas.
En las últimas décadas se han sucedido los esfuerzos a nivel internacional por generar propuestas
y herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, que contribuyan a modificar el orden de
género y la discriminación de las mujeres. Se ha avanzado desde un debate en torno al lugar de
las Mujeres en el Desarrollo, hacia una comprensión del Género en el Desarrollo y la importancia
del empoderamiento de las mujeres, en que el género es una cuestión central a la problemática
del desarrollo, no una variable más a trabajar, y que está en la base de la plena vigencia de los
derechos humanos1. Con ello se reconoce a las mujeres como participantes activas y con
derechos, no sólo como receptoras pasivas de las iniciativas de desarrollo.
Estos cambios dan cuenta también, del cuestionamiento de la eficacia de la planificación central y del rol del estado, así como, del desplazamiento del financiamiento de los gobiernos y agencias donantes a ONGs, que pasan a constituirse en actores importantes del desarrollo. A su vez, comienza a valorarse aspectos, tales como, los derechos humanos, la gobernabilidad y la participación (Razavi y Miller, 1995).
Ello no ha sucedido al margen de los actores sociales y de la sociedad civil en los distintos países,
y crecientemente se han articulado actores estatales y no estatales con un enfoque de desarrollo
basado en los derechos humanos. Ello se ha traducido también en un cambio en la tendencia
global en las políticas y programas de desarrollo, que enfatizaban las necesidades de las mujeres,
especialmente las pobres, hacia un enfoque que hace hincapié en un desarrollo para todos desde
la perspectiva de los derechos humanos (Silveira, 2000).
Ahora bien, la construcción teórica alrededor del concepto de género es un proceso no concluido,
un campo en desarrollo. Los conceptos que se utilizan son herramientas teóricas elaboradas con
fines metodológicos, pero no pueden cristalizarse en cuanto a su contenido. Son conceptos a ser
llenados de contenidos a partir de los diversos contextos en que se aplican. Así por ejemplo, el
concepto de división genérica del trabajo, da cuenta de un aspecto de la realidad que existe en
distintas sociedades, no obstante, el contenido específico de ella en una determinada realidad es
algo a investigar, no puede darse por hecho, ya que la diversidad de contenidos es enorme. Lo
mismo sucede con conceptos como las identidades de género femeninas y masculinas, la
subordinación, los tipos de familias, las relaciones de poder, las reglas y normas de distribución y
asignación de recursos, etc. No son entidades esenciales e inmutables, sino elementos de la
realidad social en constante proceso de cambio, generalmente no lineal.
Ante el desafío de promover la equidad de género, se hace visible que se debe implementar una
política de género en que las intervenciones sean culturalmente sensibles2. Es decir, consideren
que las culturas son los contextos en que se promueven y llevan a cabo las acciones de
desarrollo. Y que por lo tanto, es necesaria, la comprensión de esos contextos culturales para
implementar las acciones de desarrollo. Y en definitiva crear vínculos entre los valores universales
promovidos por la Declaración de los derechos humanos y las representaciones y simbolizaciones
locales, para reconstruirlas y resignificarlas dándoles un sentido para los actores que las llevan a
cabo.
Asimismo, es necesario promover espacios de discusión para los actores internos de la
comunidad, la reflexión, la reinterpretación de prácticas culturales que se consideran contrarias a
los DDHH. (Culture Matters, UNFPA, 2004). Por otra parte, no hay neutralidad en los procesos de
desarrollo, las instituciones tienen una cultura y por ende, modelos de género incorporados en sus
prácticas que también se debe observar y modificar.
Las diversas culturas, en tanto contextos en los que se desarrollan las intervenciones sociales,
requieren ser comprendidos. Pero a su vez, es la cultura la que establece determinados modelos
de género que configuran diferencias y desigualdades, y éstos son los focos de atención para
promover transformaciones en las relaciones de género desiguales, en las imágenes de género
que desvalorizan o subvaloran lo femenino.
Este texto sintetiza un conjunto de elementos conceptuales y metodológicos para el análisis de la
equidad de género, en la perspectiva de generar una visión compartida en torno a los principales
aspectos a considerar a la hora de intentar cambios concretos en el orden de género vigente en el
marco de la acción del UNFPA. Se seleccionó aquellas temáticas que se consideró las más
estratégicas en este momento en América Latina, en el ámbito de preocupación del UNFPA,
quedando otras para un tratamiento posterior. Entrega algunos de los elementos que se
encuentran en el debate actual de modo de permitir también una comprensión de los desafíos
pendientes, tanto a nivel conceptual como para la formulación de estrategias.
Para favorecer la comprensión de una problemática cultural y social que es sin duda compleja, se
ha elegido una mirada a veces esquemática, se incluye definiciones conceptuales de los términos
de uso más frecuente así como algunas matrices de análisis, buscando incluir aquellos elementos
que puedan facilitar el “trabajo en equidad de género” desde el UNFPA y el desarrollo de su
mandato en el campo de la población y el desarrollo.
