domingo, 24 de mayo de 2015
¿Reforma policiaca genuina o de cartón?
viernes, 22 de mayo de 2015
Hogar Crea acepta señalamientos sobre su sistema de tratamiento
POR CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO | 22 DE MAYO DE 2015 | 9:30 AM
U
n hombre adicto a la heroína se cuece bajo el sol al igual que una mujer que intenta dejar la droga, un día cualquiera, en los semáforos donde el Puente Minillas cruza la calle de Diego en Santurce. El hombre, sin camisa, pide dinero a los conductores. La mujer, camisa verde fluorescente, intenta vender bizcochos o bolsas de basura.
Cada 15 minutos pasa un carro desde donde un supervisor vigila que ella sigue en su puesto, vendiendo, de entre seis a ocho horas al día, hasta seis días a la semana, sin paga.
El dinero de las ventas de bolsas y bizcochos irá a las arcas de Hogar Crea, uno de los programas de rehabilitación licenciado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Hogar Crea cumple 47 años en Puerto Rico, opera 84 centros y tiene alrededor de 152 en otros países; 43 en República Dominicana, 20 en Costa Rica, 12 en Estados Unidos, siete en Venezuela, cinco en Panamá, cinco en El Salvador, 10 en Honduras y uno en Chile.
La organización Intercambios Puerto Rico presentó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la investigación titulada Humillación y abusos en centros de “tratamiento” para uso de drogas en Puerto Rico, donde se muestra que el programa de Hogar Crea no tiene base científica y explota a sus residentes, entre otros señalamientos de violaciones a derechos humanos.
La investigación, realizada por los sicólogos sociales Débora Upegui-Hernández y Rafael A. Torruella, establece que: “el castigo y la humillación son las herramientas principales de ‘tratamiento’ en los Hogares Crea y algunos centros cristianos de rehabilitación para personas con problemas de adicción”.
El CPI entrevistó al ex director de tratamientos de Hogar Crea, al director ejecutivo del programa y a la directora de ASSMCA.
“Leña” o Terapia de confrontación
Un método empleado por Hogar Crea como parte de su programa de rehabilitación y que es señalado en la investigación por los sicólogos sociales es la llamada “terapia de confrontación”.
¿Cómo es el proceso de la terapia de confrontación?, preguntó el CPI a Jorge Cruz Fuentes. Él es producto del programa. Comenzó como un adicto que ingresó para rehabilitarse y actualmente lleva 25 años como empleado. Primero fue director de tratamiento y ahora es director de la Oficina de Relaciones Públicas de Hogar Crea.
“Se hace un círculo, se sienta a la persona en el medio y a través de eso pues se le señala la parte indeseable de la persona”, contestó.
“Hogar Crea es un programa que adopta una filosofía cuasi-militar. Como el militar que usted lo ve todo el tiempo ordenado, bien vestido, sus zapatos brillados, su recorte, sus uñas recortadas, bien presentado… Eso es parte del concepto de la re-educación, que es la terminología que usamos en Crea. Cuando eso no ocurre en la comunidad terapéutica, hay que confrontarlo”, abundó.
“La terapia de confrontación es parte del proceso de ayuda. Hay quienes, por la forma en que se le dice o quién se lo dice, hay un momento dado en que pueden interpretar como que ‘me estás denigrando’”, dijo Héctor Figueroa, director ejecutivo de Hogar CREA.
En la calle, a la terapia de confrontación se le llama “Leña”, según las entrevistas que realizó Torruella como parte de su investigación a usuarios puertorriqueños de drogas inyectables que vivían en Nueva York.
Uno de los entrevistados para el estudio describió la terapia como “una paliza emocional o de confrontación” que implica: “estar sentado en un pequeña silla en el medio de un cuarto y ser humillado mientras te insultan los compañeros que están ‘limpios’, llegando al punto de insultar a su familia para que aceptara culpabilidad por sus actitudes y comportamientos”.
El director de Hogar Crea, quien participa en la aplicación de este método a los residentes, según dijo, aseguró que la terapia de confrontación se lleva en forma profesional: “se lleva en un círculo, no se permite hablar palabras obscenas, no se permite poner etiquetas (sobrenombres), no se permite hablar malo. Lo que pasa es que sí, que el que te lo está diciendo, te lo está diciendo con carácter. Eso es como cuando tienes un hijo adolescente, si no le decimos las cosas con carácter, ¿qué es lo que va a pasar? Pero es una terapia profesional, está probado científicamente que funciona y por eso nosotros los seguimos haciendo”.
Trabajo sin paga o “terapia de representación y ventas”
Los hombres y mujeres de camisas verde fluorescente que se paran bajo los semáforos de Santurce, y los jóvenes que van a pie casa por casa en las áreas rurales de Puerto Rico haciendo lo mismo, vendiendo bolsas de basura y bizcochos bajo el sol, participan de otra modalidad de “tratamiento”. La “terapia de representación y ventas” de Hogar Crea. Venden productos, pero no reciben salarios.
“Nosotros en nuestra buena fe, siempre hemos cubierto sus necesidades, ropa, en ocasiones se les puede dar algunos incentivos, pero no hay sueldo ni compromiso alguno que digamos que le vamos a pagar, porque ellos no están trabajando. Ellos son personas que están en tratamiento, que el término es ‘residente’, que viven en los hogares. Ellos están ahí consumiendo, generan unos gastos”, dijo Cruz Fuentes.
El relacionista de Crea describió que cuando los residentes llegan al hogar luego de realizar sus ventas, los recibe un “equipo terapéutico” que los registra, suman todo el dinero que se vendió y hacen un reporte al contable. “Si el vendedor recibió alguna propina, también se deposita en la cuenta de Hogar Crea”.
“Ese dinero está debidamente controlado, hay personas que a veces se creen que ese dinero está al garete pero no, hay unos controles. Tenemos una firma de auditores y de contables que auditan todo ese dinero. Posteriormente hay un comité timón, que vienen, evalúan cuánto se vendió en esa semana y de ahí establecen qué vamos a pagar. Los ‘biles’ más fuertes que tenemos son agua y luz”, explicó.
Cruz Fuentes recibió al CPI en un amplio salón de conferencias en las oficinas centrales de Hogar CREA en Saint Just, Trujillo Alto, donde antes de contestar preguntas detalló las cualidades de la estructura de cuatro pisos que desde afuera tiene el aspecto de un hospital.
“Tenemos placas solares, recolecta de agua, el techo tiene un tratamiento que evita que los rayos del sol penetren y generen más calor a los empleados. Cómodo, viste los espaciosos pasillos, los baños, el comedor, tenemos área para vehículos de baja emisión, si llega un vehículo eléctrico, tenemos dónde cargarlo. Tenemos todas las regulaciones con Recursos Naturales de la disposición de agua, tenemos hincado un pozo, o sea que es algo moderno, algo lindo que es del pueblo de Puerto Rico, con orgullo lo decimos”.
Al salir del salón de conferencias, Cruz Fuentes presentó a tres empleados que pasaron por el programa de rehabilitación y ahora trabajan en las oficinas centrales de Hogar CREA.
“Yo le metí 28 años (a las drogas) y no me fue nada bien. Llevo 16 años limpio, firme, y creo en este programa cien por ciento, este programa funciona y el que quiere bregar, este es el programa”, dijo Héctor, quien lleva 13 años como empleado de Crea. José Luis también fue parte del programa de rehabilitación de Crea y ahora es ayudante del Director Ejecutivo. Silvia Vázquez, dijo que fue adicta por 17 años, lleva 20 rehabilitada y 16 trabajando con Hogar Crea, donde actualmente es empleada de mantenimiento de las oficinas centrales.
Hogar Crea alega que atiende diariamente a alrededor de 3,000 personas y que rehabilita anualmente a un 40% de sus residentes. La organización, inscrita como sin fines de lucro, recibe $2,100,000 anuales del gobierno para la operación del programa a nivel de todo Puerto Rico y otros fondos de propuestas federales que deben parear. Cuenta con entre 156 y 160 empleados, entre sicólogos, sociólogos y “especialistas en adicción”, según Cruz Fuentes.
“Ese dinero no da. Por lo tanto, no estamos en la visión de echarle más cargas al Estado. Lo que hacemos es que creamos una estructura de la terapia de representación y venta”, explicó.
Bajo esa estructura Hogar CREA tiene vendedores en todos los municipios de Puerto Rico. Su sistema está dividido en siete distritos y los participantes del programa deben permanecer al menos 20 meses recluidos en una de las residencias de rehabilitación. Los vendedores en ocasiones son transportados como reses en la parte trasera de un camión amarillo que luce el logo de la organización, que lee “Hogar Crea INC., Comunidad de reeducación de adictos”.
Upegui-Hernández y Torruella califican la “terapia de representación y venta” como una práctica dudosa, ya que “violenta los derechos humanos de los usuarios, como el derecho a la confidencialidad, el derecho a no recibir tratamiento cruel, inhumano o denigrante, el derecho a no ser forzados a trabajar sin paga”.
Para el relacionista de Crea, Cruz Fuentes, esta terapia se hace con el fin de desarrollar liderazgo. “Hoy día tenemos grandes vendedores, hoy día tenemos gente que son dueños hasta de dealers que se desarrollaron gracias a esa terapia de venta. Recuérdate que los talentos son regalitos especiales que Dios nos da, lo que tenemos es que desarrollarlo”.
Ingreso bajo coerción a programas de base comunitaria y de fe
Más del 90% de los programas de rehabilitación licenciados por ASSMCA son manejados por entidades sin fines de lucro de base de fe, la mayoría de los cuales utilizan tratamientos sin evidencia científica, indica la investigación de Upegui-Hernández y Torruella, financiado por Open Society Foundations (OSF). El patrón de abusos se repite en centros de tratamiento para la adicción en República Dominicana y México, donde se realizaron estudios similares.
En Puerto Rico gran parte de los usuarios que llegan a estos programas residenciales de tratamiento para drogas son enviados por el sistema judicial, mediante distintos mecanismos legales. La Ley Núm. 67 de ASSMCA establece la “Detención compulsoria por crisis de salud mental”, mientras que las Cortes de Drogas (Drugs Courts) ofrecen la posibilidad de otorgar “desvío” a un programa de rehabilitación como alternativa a la cárcel.
Hogar Crea tiene empleados destacados en los tribunales a quienes llaman “oficiales de enlace”. Estos se encargan de “reclutar” personas para su programa, a través de una evaluación que hace el técnico de récord socio penal de custodia mínima.
“ASSMCA tiene el deber ministerial de referirnos estos casos con problemas de adicción a través de las Cortes de Drogas y la Ley 67. Nosotros los recibimos y tenemos esa relación directa tanto con ASSMCA y la Administración de Tribunales”, detalló Cruz Fuentes.
Sin embargo, los derechos de las personas que ingresan a centros de tratamiento residenciales como Hogar Crea y otros de base comunitaria y de fe podrían estar desprotegidos. Según Upegui-Hernández y Torruella, el 90% de los centros que ofrecen tratamiento residencial para usuarios de drogas están exentos de cumplir con los derechos básicos del paciente y los estándares de tratamiento.
Esto se debe a que el Artículo 13.02 de la Ley de Salud Mental (Ley 408) establece que dichas organizaciones continuarán brindando servicios comunitarios según su práctica “histórica, tradicional y ordinaria” sin importar el carácter o contenido de dichas prácticas.
“La inclusión de ese artículo fue en gran parte resultado del cabildeo y poder político de Hogar Crea y algunas organizaciones con base de fe, a pesar de la oposición de la comunidad multidisciplinaria de profesionales de la salud. Esta cláusula, de hecho (y gracias a su ambigüedad), les ha permitido a estas entidades continuar utilizando prácticas dudosas desechadas por la ciencia y que violentan los derechos humanos de los usuarios”, dice el estudio.
Carmen Graulau Serrano, directora de ASSMCA, aceptó que dentro de la agencia existe “un gran debate” sobre cómo evaluar los protocolos de tratamiento que presentan las organizaciones de base comunitaria.
“Esas organizaciones, obviamente, resisten la evaluación que se hace de sus protocolos de tratamiento. Y eso es algo que esta agencia había dejado un poco como apartado. Porque, obviamente, resulta en un gran choque cuando evaluamos estos protocolos y tenemos alguna organización que alega que su doctrina indica lo que hay que hacer. Pero fíjate que la propia ley te dice que siempre estas organizaciones estarán sujetas a los preceptos de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, comentó Graulau Serrano.
Los tratamientos que ofrecen estos programas se basan en mitos sobre el uso y dependencia a drogas, en estigmas y percepciones falsas acerca de los usuarios como “pecadores” o “pervertidos morales” que usan drogas porque “quieren” (decisión y voluntad propia) o porque tienen un “carácter débil o defectuoso” (deficiencia moral) y por ende deben ser “re-educados” o “rescatados por Dios”, añade la investigación de los sicólogos sociales.
Para Hogar Crea, el componente religioso de su programa de tratamiento es fundamental y así lo defiende Cruz Fuentes.
“El componente religioso en Hogar Crea es muy importante. Tan es así que tenemos un eslogan que es Con Cristo en CREA se puede. Hogar Crea es un programa cristiano pero no sectario. En Hogar Crea desde que se levanta la persona invocamos la presencia de nuestro Dios. Gracias a Dios que tenemos una oración. Cuando vamos a consumir los alimentos hacemos una oración para recibir los alimentos. Tenemos una oficina de capellanía, donde estos capellanes son pastores itinerantes que visitan los hogares con un programa de terapias espirituales donde tienen la oportunidad de conocer esta parte tan importante y tener ese encuentro con Dios. Pero es muy importante, tenemos una base cristiana”.
Romper en frío: abstinencia total
Otro señalamiento que hacen Upegui-Hernández y Torruella es que la prestación de servicios de salud física y mental y de asistencia social (vivienda, capacitación y servicios comunitarios) para los usuarios de drogas, está en manos de organizaciones que promulgan una política de abstinencia total, sin diferenciar el tipo de sustancia ni el nivel de uso.
ASSMCA y el sistema de justicia refieren a pacientes a Hogar Crea, pero a diferencia de ASSMCA, el tratamiento de Hogar Crea no incluye el uso de sustitutos que ayudan a contrarrestar los efectos de retirada de drogas fuertes como la heroína.
“Aquí nadie puede, ningún médico que no sea el gobierno a través de ASSMCA, dar metadona, así que esa es la primera limitación que tenemos”, dijo el director de Hogar Crea. La directora de ASSMCA explicó que en Puerto Rico ninguna institución privada provee metadona, en parte por las muchas regulaciones y licencias que se requieren para ofrecer ese tratamiento.
“Nosotros no usamos metadona ni usamos buprenorfina. Sí usamos medicamentos que van dirigidos a contrarrestar todos los síntomas, vómitos, diarrea, ansiedad, si le baja la azúcar o si le sube… Porque romper vicio no es fácil y usamos un protocolo de medicamentos altamente contenido bajo licencia y permisos que tenemos a través de regulaciones con la licencia de narcóticos, entre otras”, indicó Cruz Fuentes.
¿Cuáles son los nombres de los medicamentos que ofrecen?
“Los nombres específicamente como tal no te los puedo dar, pero sí te digo que son medicamentos que contrarrestan todos los síntomas que te mencioné, los que técnicamente suelen usar los médicos en cualquier oficina de servicios”, contestó.
La investigación Humillación y abusos en centros de “tratamiento” para uso de drogas en Puerto Rico, indica que la desintoxicación de opiáceos sin medicamento causa dolor y sufrimiento severo. “Ex-residentes de Hogar CREA y algunos hogares de base de fe han denunciado haberse visto obligados a ‘romper en frío’ al no tener acceso a desintoxicación gradual medicada bajo supervisión médica y con protocolos adecuados para el síndrome de retirada de dependencia a drogas”.
El gobierno de Puerto Rico es responsable por el manejo de solamente el 14.7 % de los espacios de programas residenciales de rehabilitación en la isla a través de ASSMCA, el Departamento de Corrección y Rehabilitación e Instituciones Juveniles y el Departamento de la Familia. De los 132 programas residenciales privados registrados en ASSMCA, por lo menos 10 no tenían licencias vigentes y cinco de ellos figuraban con licencias expiradas desde antes del 2011, revela el informe.
No fue hasta mayo de 2014 que ASSMCA comenzó a desarrollar la Oficina de Calidad de Servicios, revisando los criterios e indicadores de evaluación de la agencia y los centros de rehabilitación, según Graulau Serrano.
“En la programación que se hizo de las visitas de ASSMCA se comenzó a evaluar a Hogar Crea y ahora vamos a entrar en ese proceso que va a ser sumamente interesante y nos va a presentar grandes retos. Porque no todas habían pasado por el proceso de evaluación de esos protocolos. Nosotros tenemos como meta para junio 30 de este año haber evaluado el 35% de las 555 organizaciones que ofrecen servicios”, declaró la directora de ASSMCA.
“Vamos a tener choques todo el tiempo porque nosotros vamos a traer lo que no cumple con las prácticas modernas y las prácticas basadas en evidencia que nosotros tenemos la responsabilidad de que sean las que se establezcan”, añadió.
Héctor Figueroa, director ejecutivo de Hogar Crea, defiende que el programa que dirige está certificado científicamente.
“Número uno, estamos certificados por el ASSMCA. Para que ASSMCA te dé licencia tienes que tener un manual de servicio que sea científicamente comprobado. Nuestro modelo es Comunidad Terapéutica, la recomienda el National Institute on Drug Abuse (NIDA). Lo que pasa es que hay muchas personas por ahí que dicen que ese modelo está obsoleto. ¿Por qué nosotros no hemos cambiado nuestro modelo? Esto es como el argot del béisbol, cómo tú vas a cambiar un equipo ganador… en 47 años nosotros hemos probado que el modelo de tratamiento funciona”.
El apoyo político también ha sido fundamental para el crecimiento de este centro de rehabilitación. Hogar CREA ha sido reconocido por el Senado de Puerto Rico con resoluciones de felicitación por su trabajo y según la Oficina del Contralor, de 2004 al presente, ha pactado contratos que en total suman $86,319,576 con varios municipios, la Oficina Central de Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles, Departamento de la Familia, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, entre otras agencias.
“Tenemos amigos de la legislatura, amigos gobernantes que han respetado esta obra, trabajo y desempeño por 47 años. Roberto Rivera, vicepresidente de la Cámara de Representantes, gran colaborador nuestro y participa de las entregas de certificados. Luis Daniel Filomeno, senador popular del distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau (representante popular por Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto), Pedrito Rodríguez González (senador popular del distrito de Carolina); hay muchos”, dijo Cruz Fuentes.
“El alcalde de aquí (Trujillo Alto) José Luis Cruz, tremendo colaborador de Hogar CREA, el alcalde de Carolina, honorable Aponte Dalmau, gente nuestra. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, que también da una aportación al Hogar CREA de Caguas, que cree firmemente en la filosofía de Hogar CREA. Porque Hogar CREA se mueve y va a las oficinas de gobierno y solicitan ayuda y gran parte de nuestros hogares reciben la bendición de nuestros alcaldes. Estos que te he mencionado cooperan grandemente”.
miércoles, 20 de mayo de 2015
PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO VIAL
Por Jose María González
La prevención situacional del delito o prevención medioambiental, sigue los postulados de la Escuela de Chicago, en lo que pretende eliminar los objetivos más fáciles, o hacer más reales las consecuencias negativas de la delincuencia, centrándose más en los factores y circunstancias inmediatas, que en la propia intención de la persona en delinquir. Por lo tanto, se centra en el ambiente para el delito más que en aquellos que cometen los actos criminales. Busca prevenir la ocurrencia del delito más que de detectar y sancionar a los delincuentes. Busca no tanto eliminar las tendencias criminales o delincuenciales a través del mejoramiento de la sociedad o sus instituciones, sino que meramente trata de hacer la acción criminal menos atractiva para los delincuentes. Esta prevención es aplicable a cada tipo de delito, y no solamente al delito “oportunista” o relacionado con la adquisición de objetos, sino inclusive a delitos más calculados o profundamente motivados. Ya sea que los delitos sean cuidadosamente planeados o motorizados por el odio o la ira, están fuertemente afectados por contingencias situacionales (Tedeschi y Felson, 1994).
Hough[1] en 1998 define la prevención situacional como:
a) Estrategias dirigidas a enfrentar un patrón específico de delitos.
b) Estas involucran el manejo, diseño y manipulación del medio ambiente inmediato en el que estos delitos ocurren.
c) El objetivo de estas estrategias es reducir la oportunidad que permite que estos delitos se ejecuten.
d) Buscan aumentar el esfuerzo vinculado a la comisión de un delito dificultando la obtención del blanco delictivo, como por ejemplo con la utilización de candados u otras medidas de endurecimiento de blanco, que dificulten el paso del delincuente.
e) Buscan aumentar el riesgo, real o percibido, de detección o aprehensión del delincuente, tales como la colocación de cámaras de vigilancia en sectores de riesgo y mayor intensidad de iluminación.
f) Persiguen reducir la recompensa de cometer el delito, como por ejemplo desincentivar el uso de especies de valor en los peatones que transitan en la vía pública.
Centrada en el siguiente marco teórico general:
1. Una base teórica deudora principalmente de la teoría de actividades rutinarias, la teoría de la acción racional y la teoría del control.
2. Una metodología estándar basada en el paradigma de la Investigación de Acción. (Action Research).
3. Un conjunto de técnicas de reducción de la oportunidad, y
4. Un conjunto de prácticas evaluadas que incluyen estudios sobre el desplazamiento.
Las teorías ecológicas aseguran que el ambiente y el diseño del espacio urbano (en nuestro caso la forma de las calles, de un carril o dos, más o menos anchos, estacionamientos, la información que aportan, etc.) pueden tener influencia decisiva en el comportamiento humano y por ende en la criminalidad. La criminología ambiental se ocupa de estudiar si los factores ambientales como el espacio, la estructura del escenario, el calor, el frio, el ruido, el hacinamiento, la congestión, retenciones, etc. nos influyen a la hora de cometer un delito o de vernos involucrado en un siniestro vial. Y gracias a esto, podemos aplicar la prevención situacional.
Existen 3 principales teorías que fundamentar a la prevención situacional del delito:
1. Teoría de la “Elección Racional” que expone que el individuo delinque en razón a un modelo económico de costo-beneficio, significa que el delito es una elección que el delincuente en potencia tiene entre una serie de alternativas posibles a partir de un cálculo racional en el que se considera las ventajas y desventajas en cada una de las opciones.
2. Teoría de la “Actividad Rutinaria”, que pretende dar una explicación causal de la conducta antisocial en correlación con los objetos ubicados en tiempo y espacio de los individuos, por lo general en este caso los sujetos activos del delito estudian y analizan la dinámica que sus víctimas realizan a diario, ejemplo: analizar la ruta que utiliza la víctima para trasladarse desde su casa a su trabajo.
3. Teoría del “Diseño Ambiental”, que nos indica que el diseño urbano influye facilitando o desalentando la criminalidad, así como que el diseño arquitectónico puede permitir o dificultar procesos de interacción comunitaria que redunden en la prevención del delito. Por ejemplo: un fraccionamiento diseñado como condominio privado con muros perimetrales y solo un acceso principal que pueda ser controlado fácilmente, disminuye la posibilidad que posibles agresores ingresen a la comunidad sin ser detectados, lo que desalienta la actividad antisocial.
Clarke en 1997 estableció que algunas de las causas del delito pueden ser explicadas a partir de las oportunidades existentes en el ambiente y su entorno.
Siguiendo a Wortley y Mazerolle (2008) las premisas de esta perspectiva ambiental la podemos resumir en tres puntos:
v La influencia del ambiente en la conducta delictiva.
v La no aleatoriedad de la distribución espacio-temporal.
v Y la utilidad de los elementos anteriores en el control y prevención del delito.
Pese a la importancia y repercusiones que tienen los delitos contra la seguridad vial, la delincuencia viaria se considera como un grupo independiente de delitos a causa de sus específicos modos de comisión y las razones de su nacimiento (Kaiser, 1970).
Alice Coleman en su obra titulada “Utopia on trial” (1994) establece dos posiciones claramente distintas y extremas en cuanto a los estudios de los espacios, que son:
a) Determinismo medioambiental: en que se establece que el espacio condiciona de forma determinante el comportamiento humano.
b) Posibilismo: la raza humana se adapta a cualquier contexto espacial, pudiendo ser feliz o infeliz en cualquier medio geográfico, lo que significa que la calidad de vida, en el fondo, dependerá de otro tipo de variables no espaciales.
Pero la autora, frente a ambas teorías apuesta por un tercer postulado:
c) Probabilismo: el medio ambiente no determinará nuestro comportamiento pero sí lo afectará, sobre todo empujándolo hacia la ruptura de las normas y el desorden social si se dan determinadas circunstancias que hacen la vida poco placentera.
Siendo este tercer postulado de gran importancia para la comisión de los delitos contra la seguridad vial, ya que como desarrollaremos posteriormente, la influencia del ambiente condicionará al conductor de una manera u otra, y hará que algunos de ellos comentan alguna infracción a las normas que rigen la seguridad vial.
Por eso la prevención situacional considera al delincuente vial como un elemento más de los que confluyen en el mismo, haciendo hincapié en los determinantes situacionales, interesándose por los patrones delictivos en el tiempo y en el espacio. Y añade otro factor más para el estudio y prevención de estos delitos. Decir que según diversas investigaciones los factores ambientales, las características de la vía y del tiempo explican, al menos, el 12% de los siniestros viales. Por concluir decir que hay una crítica bastante extendida a este modelo y es que no es aplicable a todos los delitos, dicen que sólo es para los delitos que tengan un corte de oportunidad, cosa que encaja perfectamente en el tipo de delito que estamos estudiando y en sus conductas infractoras o desviadas en la circulación.
[1] Hough, Mike y Nick Tilly: “Getting the Grease to the Squeaks – Research Lessons for Crime Prevention” en Crime Detection and Prevention Series 85, Home Office, Londres, 1998.
domingo, 17 de mayo de 2015
jueves, 14 de mayo de 2015
Conferencia Escuelas Emprendedoras
Para: Estudiantes <estudiantes@bulkmail.upr.edu>, profesores <profesores@bulkmail.upr.edu>, empleados <empleados@bulkmail.upr.edu>
Conferencia sobre un modelo innovador que logra que las escuelas con la creatividad estudiantil y de la comunidad puedan lograr aumentar la retención, las tasas de graduación y la autosuficiencia económica.
¿Otra internet es posible?
Hace apenas 25 años, la gran mayoría de personas no había utilizado nunca una computadora, visto un teléfono móvil ni oído hablar de internet. Estas tecnologías hoy están tan imbricadas en la vida cotidiana, que nuestras formas de hacer, vivir, trabajar, consumir, relacionarnos, organizarnos, se están transformando velozmente, trayendo muchos beneficios. Internet ya es la principal base de datos mundial para fines educativos, de conocimiento, de trabajo, de consumo y otros; pero por lo mismo, hay cuestiones fundamentales de derechos e interés público, relacionados con el control y poder de decisión. De allí que aparecen nuevos desafíos para el ordenamiento político-económico y la convivencia social, que nuestras sociedades aún no han podido procesar debidamente.
La invasión a la privacidad de las comunicaciones es quizás uno de los ejemplos más evidentes, desde las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU. Pero hay muchas más áreas donde están surgiendo nuevas problemáticas, entre ellas: la potencial discriminación en sistemas automatizados de preselección de candidatos a empleos, estudios, créditos, y otros; la pérdida de derechos laborales en la nueva “economía del compartir”; o el poder desmedido de una sola empresa privada transnacional –Google– de determinar qué es visible y qué no en la base de datos y conocimientos más grande y más consultada del mundo – o sea, la Web. Ello significa que las decisiones sobre el desarrollo de internet, sus aplicaciones y usos tienen implicaciones para los derechos humanos, la justicia y equidad social y económica y la democracia, que requieren de un marco de políticas públicas y regulaciones, en lo nacional e internacional.
Descentralización o concentración
No cabe duda que internet, que inicialmente se desarrolló como un sistema relativamente descentralizado, ha permitido el florecimiento de un sinfín de iniciativas de creatividad e innovación. Es, quizás, la primera vez que la población tiene acceso a participar libremente en el desarrollo de una tecnología de punta, en lugar de ser simplemente usuaria. Con su capacidad de adaptación en distintas escalas, esta tecnología ha mostrado su aptitud para potenciar iniciativas ciudadanas o comunitarias, bajo su propio control. También ha contribuido a democratizar el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento; y ha permitido la proliferación de espacios –sean abiertos o cerrados– de intercambio libre de ideas, conocimientos, creaciones, donde impera un sentido de bienes comunes y de autogestión.
Bajo conceptos como “los comunes”, el software libre y la cultura del conocimiento compartido, se están desarrollando muchas iniciativas de tecnología alternativa, que incluyen redes sociales libres, servicios de mensajería, plataformas de blogs, sistemas de seguridad, incluso un sistema alternativo de nombres de dominio, el Open Root, que es independiente del sistema del ICANN/1.
No obstante, en paralelo ha surgido otra tendencia contraria: hacia la concentración y la centralización. Y es que, debido al llamado “efecto red”, donde los usuarios confluyen hacia el servicio más exitoso, internet se ha prestado también a la conformación de grandes monopolios, con una acumulación económica inédita, y con la consiguiente concentración de poder/2. La “materia prima” de este enriquecimiento es el acumulado de datos (personales y otros) que los usuarios entregan –muchas veces involuntariamente– a estas empresas a cambio de servicios “gratis”; datos que son vendidos a anunciantes, que constituyen la clientela predilecta de estas empresas; mientras que los usuarios, en tanto potenciales consumidores, se vuelven el “producto”. Es más, para afianzar el control, los espacios públicos se han ido cercando con “murallas”, dentro de las plataformas privadas de las redes sociales digitales, donde las reglas son definidas por la empresa proveedora.
A la par de esta segunda tendencia –y ahora sabemos que con una colusión directa–, se ha universalizado la vigilancia por parte de agencias de seguridad, principalmente de EE.UU. y sus cuatro aliados anglófonos (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia – que conforman los llamados 5 Ojos), desconociendo cualquier límite geográfico, legal o ético. Su meta es recabar toda la información posible, de todo el mundo, sobre todos los temas y guardarla indefinidamente. Es sabido que otros gobiernos nacionales también incursionan en mayor o menor medida en tales actividades, dentro o fuera de la legalidad, si bien no en escala tan masiva. Es más, al menos unos 30 países están desarrollando armas cibernéticas, lo que nos podría encaminar hacia una situación de guerras en y a través de internet, que trae el riesgo de escalar a otros niveles de guerra/3.
Entre estas dos tendencias contrarias –descentralización, o concentración/ vigilancia/ armas cibernéticas–, la balanza se está inclinando peligrosamente hacia la segunda, con graves consecuencias potenciales para los derechos humanos y la justicia social y económica, e incluso para la misma democracia. Esto ocurre porque las fuerzas del mercado empujan fuertemente hacia la concentración; pero también porque el desarrollo tecnológico de internet no ha priorizado debidamente la seguridad de los usuarios. A ello se añade que existen pocas medidas en términos de legislación y políticas públicas destinadas a ponerle cierto orden. Incluso hay casos donde la legislación va en sentido contrario, sacrificando la seguridad y privacidad de los usuarios, supuestamente para proteger a la población del terrorismo, aunque sin evidencias de que sea efectivo.
Enfrentamientos legales
Diversas iniciativas recientes están reactivando el debate en torno a los derechos digitales en el mundo. Numerosos gobiernos han adoptado políticas para garantizar la neutralidad de la red. En Brasil y algunos países de la Unión Europea se encuentran legislaciones entre las más avanzadas para los derechos en internet. Es más, Alemania y Brasil están liderando una iniciativa en la ONU sobre privacidad, luego de las denuncias de Snowden, uno de cuyos resultados es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró hace poco un relator especial sobre privacidad.
Inevitablemente, tarde o temprano, la defensa de los derechos digitales implicará enfrentar el poder desmedido de las grandes empresas transnacionales de internet. Como nuevo ejemplo de ese poder, este 21 de abril 2015, Google cambió unilateralmente el algoritmo de su buscador para móviles, de manera que las búsquedas ya no tomarán en cuenta los sitios considerados “no amigables” al móvil. O sea, ya no cuenta el contenido, ni la reputación o popularidad del sitio, sino la capacidad de instalar tecnología para móviles, lo que pone en desventaja a muchos sitios de bajos recursos.
Recordemos que más del 60% de las búsquedas en la Web a nivel global (y alrededor de 90% en Europa y América Latina) pasan por Google. La empresa tiene el poder de determinar qué contenidos se privilegian en el horizonte de los internautas y cuáles no se verán nunca. Pero, ¿con qué legitimidad se ha auto-otorgado ese poder? Justamente días antes, la comisionada antimonopolio de la Unión Europea acusó formalmente a Google de abusar de la posición dominante de su buscador, porque sus algoritmos secretos privilegian ciertos contenidos propios sobre otros en los resultados de búsqueda. Google ha anunciado que lo litigará en las cortes y el juicio podría durar años. ¿Cuántos gobiernos tendrán la capacidad de lidiar con gigantes como Google, y aun si lo hacen, qué tanto afectará el poder de las empresas? Recordemos que Google tiene también el gmail, segundo servicio de correo en el mundo; el sistema Android que capta 76% del mercado de smartphones; Youtube, que domina el video online; y es de lejos el mayor vendedor mundial en el enorme mercado de publicidad en línea.
Ahora bien, no son solamente las corporaciones privadas que están en la mira de la defensa de derechos en internet, sino también ciertos gobiernos y sus agencias de seguridad. Un estudio que acaba de publicar la Comisión Global sobre Gobernanza de internet, titulado “Hacia un pacto social para la privacidad y la seguridad digital”/4, constata el riesgo actual de la erosión de confianza en internet y advierte que “Los individuos y las empresas deben ser protegidos tanto del abuso de internet por terroristas, grupos cibercriminales, como de los excesos por parte de gobiernos y empresas que recolectan y utilizan los datos privados” (p. 9). De conformidad con el derecho a la privacidad reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el estudio afirma que: “el rol de un gobierno debe ser de fortalecer la tecnología de la cual depende internet y su uso, no debilitarla” (p. 10). El informe insiste en el reconocimiento de la privacidad como derecho humano fundamental; y apela a mayor transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos; y proporcionalidad en la vigilancia, conforme a la legislación nacional e internacional de derechos humanos. Demanda también mayor responsabilidad de las empresas que recolectan datos de usuarios, tanto para garantizar la seguridad de los mismos, como para informar y consultar debidamente a los usuarios sobre su uso.
Presidida por el ex primer ministro sueco y líder del partido conservador, Carl Bildt, la Comisión Global sobre Gobernanza de internet está compuesta por un grupo de alto nivel de 29 personas con influencia en los círculos de políticas de internet, incluyendo ex altos funcionarios de la seguridad e inteligencia estadounidense y británica. Resulta significativo que un grupo principalmente del establishment ya reconozca que se está perdiendo el equilibrio entre los intereses nacionales de seguridad y la privacidad; y que vulnerar la seguridad de los usuarios implica favorecer al crimen e incluso al terrorismo. No obstante, en sus recomendaciones de mecanismos para avanzar, la Comisión defiende el actual modelo “multisectorial” de gobernanza, que en los hechos poco ha respondido a parámetros democráticos/5.
En los últimos tiempos, también se han tramitado diversas acciones judiciales particulares en las cortes de Europa para comprobar hasta donde los derechos ya reconocidos deben respetarse también en el dominio digital. Y en varias oportunidades, se ha visto un sistema judicial dispuesto a tomar posturas firmes en defensa de los derechos humanos frente a gobiernos y corporaciones privadas, y así sentar precedentes. Tales casos incluyen un juicio en la Corte de Justicia Europea contra Facebook por la seguridad y trato de los datos de usuarios europeos, en vista de su colaboración con agencias de inteligencia en programas como Prism. La misma Corte también respaldó el “derecho a ser olvidado” (o sea, a solicitar la eliminación de datos personales de los buscadores). En otro caso, un tribunal de Reino Unido reconoció el derecho de usuarios del navegador Safari de Apple a reclamar a Google por haber retenido y vendido sin su autorización datos sobre sus hábitos privados de navegación/6.
Por su parte, en 2014, la misma Corte Europea invalidó parcialmente la Directiva de Retención de Datos de la UE, de 2006, al considerar que obligar a los proveedores de comunicación a retener todos los metadatos (o sea, quien comunica con quien) interfiere indebidamente con los derechos fundamentales de privacidad.
En cuanto a los países del Sur, pocos tendrían la capacidad de enfrentar a las corporaciones de internet en las cortes. De hecho, más bien algunos les están abriendo aún más las puertas, acogiendo por ejemplo la iniciativa internet.org de Facebook, que supuestamente extiende el acceso de sectores pobres a internet desde su móvil, pero que en la práctica equivale a una “internet pobre para pobres” que de entrada les ata a las plataformas corporativas, y esto, en flagrante violación del principio de neutralidad de la red. Hasta ahora, en América Latina, solo Chile se ha parado en firme para rechazar el ingreso de internet.org/7. Por supuesto, es valioso pensar en alternativas para que las comunidades empobrecidas pueden acceder a la tecnología, pero hay otras opciones posibles que no implican la dependencia de los espacios corporativos, como por ejemplo la iniciativa guifi.net de Cataluña, que ha sido premiada por interconectar comunidades con equipos autogestionados a muy bajo costo.
Hacia un Foro Social de internet
Está creciendo el entendimiento de que difícilmente se podrá comenzar a alterar las tendencias actuales en la configuración de poder y el sistema de gobernanza de internet, si no se construye un amplio movimiento social de presión con este fin. Como contribución a este propósito, a inicios de 2015, diversas organizaciones lanzaron la idea de organizar un Foro Social de internet (FSI), con el carácter de un foro temático vinculado al proceso del Foro Social Mundial (FSM). Más de 80 organizaciones/8 se han sumado al llamamiento inicial y la iniciativa fue debatida en el FSM en Túnez, en este mes de marzo.
El FSI/9 se presenta como un espacio para debatir sobre “la internet que queremos y cómo construirla antes de que la revolución del conocimiento y del acceso a la información sea secuestrada irremediablemente por los intereses corporativos y las agencias de seguridad, incrementando el nexo de corrupción entre la política y el dinero”/10.
La intención es sumar a una amplia gama de organizaciones, movimientos sociales y luchadores y luchadoras sociales que comparten este objetivo, ya que internet se ha convertido en una herramienta y espacio de intercambio y consulta indispensable para el trabajo organizativo y las causas sociales. Con ellas se propone crear un mecanismo democrático de organización del FSI, que, entre otros aspectos, definirá las modalidades, el lugar y la fecha del Foro.
¿Por qué el formato de un Foro Social? La convocatoria expone que el Foro Social de internet (FSI) está inspirado en los procesos del Foro Social Mundial (FSM) y su visionaria convocatoria de que “Otro mundo es posible”, adoptando el lema de que “Otro internet de los pueblos es posible”. Recordando la Carta de Principios del FSM, que apela a un proceso de globalización diferente al “comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses”, el FSI apuesta “a un internet desde abajo, controlado por el pueblo, incluyendo a quienes aún no están conectados”/11.
Notas1/ ICANN: Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, entidad que controla este sistema a nivel mundial.
2/ Ver Sally Burch, “¿Cómo desmonopolizar internet? Entrevista con Robert McChesney”, América Latina en Movimiento, No. 494 (abril 2014), http://www.alainet.org/publica/494.phtml
3/ Ver Prabir Purkayastha: “¡Haz la ciberpaz, no la ciberguerra!”, América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. http://www.alainet.org/es/revistas/...
4/ Toward a Social Compact for Digital Privacy and Security, Statement by the Global Commission on Internet Governance, https://www.ourinternet.org/publica...
5/ Ver Norbert Bollow: “El desafío democrático en internet”, América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. http://www.alainet.org/es/revistas/...
6/ Sobre los casos mencionados ver: Julia Powles, Data privacy: the tide is turning in Europe – but is it too little, too late?, http://www.theguardian.com/technolo...
7/ Al respecto ver Parminder Jeet Singh: “Neutralidad de la red por una internet igualitaria”, y María del Pilar Sáenz, “Hacia tierras más libres en internet”, ambos publicados en América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. http://www.alainet.org/es/revistas/...
8/ http://www.internetsocialforum.net/...
9/ www.internetsocialforum.net
0/ Llamamiento Túnez para la internet de la ciudadanía, http://www.alainet.org/es/articulo/...
11/ Llamado al Foro Social de Internet, http://internetsocialforum.net/site... Social Forum- sp.pdf
Sally Burch, periodista de ALAI.
http://www.alainet.org/es/articulo/... Artículo publicado en: América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. “Hacia una Internet ciudadana”. http://www.alainet.org/es/revistas/...
La invasión a la privacidad de las comunicaciones es quizás uno de los ejemplos más evidentes, desde las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU. Pero hay muchas más áreas donde están surgiendo nuevas problemáticas, entre ellas: la potencial discriminación en sistemas automatizados de preselección de candidatos a empleos, estudios, créditos, y otros; la pérdida de derechos laborales en la nueva “economía del compartir”; o el poder desmedido de una sola empresa privada transnacional –Google– de determinar qué es visible y qué no en la base de datos y conocimientos más grande y más consultada del mundo – o sea, la Web. Ello significa que las decisiones sobre el desarrollo de internet, sus aplicaciones y usos tienen implicaciones para los derechos humanos, la justicia y equidad social y económica y la democracia, que requieren de un marco de políticas públicas y regulaciones, en lo nacional e internacional.
Descentralización o concentración
No cabe duda que internet, que inicialmente se desarrolló como un sistema relativamente descentralizado, ha permitido el florecimiento de un sinfín de iniciativas de creatividad e innovación. Es, quizás, la primera vez que la población tiene acceso a participar libremente en el desarrollo de una tecnología de punta, en lugar de ser simplemente usuaria. Con su capacidad de adaptación en distintas escalas, esta tecnología ha mostrado su aptitud para potenciar iniciativas ciudadanas o comunitarias, bajo su propio control. También ha contribuido a democratizar el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento; y ha permitido la proliferación de espacios –sean abiertos o cerrados– de intercambio libre de ideas, conocimientos, creaciones, donde impera un sentido de bienes comunes y de autogestión.
Bajo conceptos como “los comunes”, el software libre y la cultura del conocimiento compartido, se están desarrollando muchas iniciativas de tecnología alternativa, que incluyen redes sociales libres, servicios de mensajería, plataformas de blogs, sistemas de seguridad, incluso un sistema alternativo de nombres de dominio, el Open Root, que es independiente del sistema del ICANN/1.
No obstante, en paralelo ha surgido otra tendencia contraria: hacia la concentración y la centralización. Y es que, debido al llamado “efecto red”, donde los usuarios confluyen hacia el servicio más exitoso, internet se ha prestado también a la conformación de grandes monopolios, con una acumulación económica inédita, y con la consiguiente concentración de poder/2. La “materia prima” de este enriquecimiento es el acumulado de datos (personales y otros) que los usuarios entregan –muchas veces involuntariamente– a estas empresas a cambio de servicios “gratis”; datos que son vendidos a anunciantes, que constituyen la clientela predilecta de estas empresas; mientras que los usuarios, en tanto potenciales consumidores, se vuelven el “producto”. Es más, para afianzar el control, los espacios públicos se han ido cercando con “murallas”, dentro de las plataformas privadas de las redes sociales digitales, donde las reglas son definidas por la empresa proveedora.
A la par de esta segunda tendencia –y ahora sabemos que con una colusión directa–, se ha universalizado la vigilancia por parte de agencias de seguridad, principalmente de EE.UU. y sus cuatro aliados anglófonos (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia – que conforman los llamados 5 Ojos), desconociendo cualquier límite geográfico, legal o ético. Su meta es recabar toda la información posible, de todo el mundo, sobre todos los temas y guardarla indefinidamente. Es sabido que otros gobiernos nacionales también incursionan en mayor o menor medida en tales actividades, dentro o fuera de la legalidad, si bien no en escala tan masiva. Es más, al menos unos 30 países están desarrollando armas cibernéticas, lo que nos podría encaminar hacia una situación de guerras en y a través de internet, que trae el riesgo de escalar a otros niveles de guerra/3.
Entre estas dos tendencias contrarias –descentralización, o concentración/ vigilancia/ armas cibernéticas–, la balanza se está inclinando peligrosamente hacia la segunda, con graves consecuencias potenciales para los derechos humanos y la justicia social y económica, e incluso para la misma democracia. Esto ocurre porque las fuerzas del mercado empujan fuertemente hacia la concentración; pero también porque el desarrollo tecnológico de internet no ha priorizado debidamente la seguridad de los usuarios. A ello se añade que existen pocas medidas en términos de legislación y políticas públicas destinadas a ponerle cierto orden. Incluso hay casos donde la legislación va en sentido contrario, sacrificando la seguridad y privacidad de los usuarios, supuestamente para proteger a la población del terrorismo, aunque sin evidencias de que sea efectivo.
Enfrentamientos legales
Diversas iniciativas recientes están reactivando el debate en torno a los derechos digitales en el mundo. Numerosos gobiernos han adoptado políticas para garantizar la neutralidad de la red. En Brasil y algunos países de la Unión Europea se encuentran legislaciones entre las más avanzadas para los derechos en internet. Es más, Alemania y Brasil están liderando una iniciativa en la ONU sobre privacidad, luego de las denuncias de Snowden, uno de cuyos resultados es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró hace poco un relator especial sobre privacidad.
Inevitablemente, tarde o temprano, la defensa de los derechos digitales implicará enfrentar el poder desmedido de las grandes empresas transnacionales de internet. Como nuevo ejemplo de ese poder, este 21 de abril 2015, Google cambió unilateralmente el algoritmo de su buscador para móviles, de manera que las búsquedas ya no tomarán en cuenta los sitios considerados “no amigables” al móvil. O sea, ya no cuenta el contenido, ni la reputación o popularidad del sitio, sino la capacidad de instalar tecnología para móviles, lo que pone en desventaja a muchos sitios de bajos recursos.
Recordemos que más del 60% de las búsquedas en la Web a nivel global (y alrededor de 90% en Europa y América Latina) pasan por Google. La empresa tiene el poder de determinar qué contenidos se privilegian en el horizonte de los internautas y cuáles no se verán nunca. Pero, ¿con qué legitimidad se ha auto-otorgado ese poder? Justamente días antes, la comisionada antimonopolio de la Unión Europea acusó formalmente a Google de abusar de la posición dominante de su buscador, porque sus algoritmos secretos privilegian ciertos contenidos propios sobre otros en los resultados de búsqueda. Google ha anunciado que lo litigará en las cortes y el juicio podría durar años. ¿Cuántos gobiernos tendrán la capacidad de lidiar con gigantes como Google, y aun si lo hacen, qué tanto afectará el poder de las empresas? Recordemos que Google tiene también el gmail, segundo servicio de correo en el mundo; el sistema Android que capta 76% del mercado de smartphones; Youtube, que domina el video online; y es de lejos el mayor vendedor mundial en el enorme mercado de publicidad en línea.
Ahora bien, no son solamente las corporaciones privadas que están en la mira de la defensa de derechos en internet, sino también ciertos gobiernos y sus agencias de seguridad. Un estudio que acaba de publicar la Comisión Global sobre Gobernanza de internet, titulado “Hacia un pacto social para la privacidad y la seguridad digital”/4, constata el riesgo actual de la erosión de confianza en internet y advierte que “Los individuos y las empresas deben ser protegidos tanto del abuso de internet por terroristas, grupos cibercriminales, como de los excesos por parte de gobiernos y empresas que recolectan y utilizan los datos privados” (p. 9). De conformidad con el derecho a la privacidad reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el estudio afirma que: “el rol de un gobierno debe ser de fortalecer la tecnología de la cual depende internet y su uso, no debilitarla” (p. 10). El informe insiste en el reconocimiento de la privacidad como derecho humano fundamental; y apela a mayor transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos; y proporcionalidad en la vigilancia, conforme a la legislación nacional e internacional de derechos humanos. Demanda también mayor responsabilidad de las empresas que recolectan datos de usuarios, tanto para garantizar la seguridad de los mismos, como para informar y consultar debidamente a los usuarios sobre su uso.
Presidida por el ex primer ministro sueco y líder del partido conservador, Carl Bildt, la Comisión Global sobre Gobernanza de internet está compuesta por un grupo de alto nivel de 29 personas con influencia en los círculos de políticas de internet, incluyendo ex altos funcionarios de la seguridad e inteligencia estadounidense y británica. Resulta significativo que un grupo principalmente del establishment ya reconozca que se está perdiendo el equilibrio entre los intereses nacionales de seguridad y la privacidad; y que vulnerar la seguridad de los usuarios implica favorecer al crimen e incluso al terrorismo. No obstante, en sus recomendaciones de mecanismos para avanzar, la Comisión defiende el actual modelo “multisectorial” de gobernanza, que en los hechos poco ha respondido a parámetros democráticos/5.
En los últimos tiempos, también se han tramitado diversas acciones judiciales particulares en las cortes de Europa para comprobar hasta donde los derechos ya reconocidos deben respetarse también en el dominio digital. Y en varias oportunidades, se ha visto un sistema judicial dispuesto a tomar posturas firmes en defensa de los derechos humanos frente a gobiernos y corporaciones privadas, y así sentar precedentes. Tales casos incluyen un juicio en la Corte de Justicia Europea contra Facebook por la seguridad y trato de los datos de usuarios europeos, en vista de su colaboración con agencias de inteligencia en programas como Prism. La misma Corte también respaldó el “derecho a ser olvidado” (o sea, a solicitar la eliminación de datos personales de los buscadores). En otro caso, un tribunal de Reino Unido reconoció el derecho de usuarios del navegador Safari de Apple a reclamar a Google por haber retenido y vendido sin su autorización datos sobre sus hábitos privados de navegación/6.
Por su parte, en 2014, la misma Corte Europea invalidó parcialmente la Directiva de Retención de Datos de la UE, de 2006, al considerar que obligar a los proveedores de comunicación a retener todos los metadatos (o sea, quien comunica con quien) interfiere indebidamente con los derechos fundamentales de privacidad.
En cuanto a los países del Sur, pocos tendrían la capacidad de enfrentar a las corporaciones de internet en las cortes. De hecho, más bien algunos les están abriendo aún más las puertas, acogiendo por ejemplo la iniciativa internet.org de Facebook, que supuestamente extiende el acceso de sectores pobres a internet desde su móvil, pero que en la práctica equivale a una “internet pobre para pobres” que de entrada les ata a las plataformas corporativas, y esto, en flagrante violación del principio de neutralidad de la red. Hasta ahora, en América Latina, solo Chile se ha parado en firme para rechazar el ingreso de internet.org/7. Por supuesto, es valioso pensar en alternativas para que las comunidades empobrecidas pueden acceder a la tecnología, pero hay otras opciones posibles que no implican la dependencia de los espacios corporativos, como por ejemplo la iniciativa guifi.net de Cataluña, que ha sido premiada por interconectar comunidades con equipos autogestionados a muy bajo costo.
Hacia un Foro Social de internet
Está creciendo el entendimiento de que difícilmente se podrá comenzar a alterar las tendencias actuales en la configuración de poder y el sistema de gobernanza de internet, si no se construye un amplio movimiento social de presión con este fin. Como contribución a este propósito, a inicios de 2015, diversas organizaciones lanzaron la idea de organizar un Foro Social de internet (FSI), con el carácter de un foro temático vinculado al proceso del Foro Social Mundial (FSM). Más de 80 organizaciones/8 se han sumado al llamamiento inicial y la iniciativa fue debatida en el FSM en Túnez, en este mes de marzo.
El FSI/9 se presenta como un espacio para debatir sobre “la internet que queremos y cómo construirla antes de que la revolución del conocimiento y del acceso a la información sea secuestrada irremediablemente por los intereses corporativos y las agencias de seguridad, incrementando el nexo de corrupción entre la política y el dinero”/10.
La intención es sumar a una amplia gama de organizaciones, movimientos sociales y luchadores y luchadoras sociales que comparten este objetivo, ya que internet se ha convertido en una herramienta y espacio de intercambio y consulta indispensable para el trabajo organizativo y las causas sociales. Con ellas se propone crear un mecanismo democrático de organización del FSI, que, entre otros aspectos, definirá las modalidades, el lugar y la fecha del Foro.
¿Por qué el formato de un Foro Social? La convocatoria expone que el Foro Social de internet (FSI) está inspirado en los procesos del Foro Social Mundial (FSM) y su visionaria convocatoria de que “Otro mundo es posible”, adoptando el lema de que “Otro internet de los pueblos es posible”. Recordando la Carta de Principios del FSM, que apela a un proceso de globalización diferente al “comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses”, el FSI apuesta “a un internet desde abajo, controlado por el pueblo, incluyendo a quienes aún no están conectados”/11.
Notas1/ ICANN: Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, entidad que controla este sistema a nivel mundial.
2/ Ver Sally Burch, “¿Cómo desmonopolizar internet? Entrevista con Robert McChesney”, América Latina en Movimiento, No. 494 (abril 2014), http://www.alainet.org/publica/494.phtml
3/ Ver Prabir Purkayastha: “¡Haz la ciberpaz, no la ciberguerra!”, América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. http://www.alainet.org/es/revistas/...
4/ Toward a Social Compact for Digital Privacy and Security, Statement by the Global Commission on Internet Governance, https://www.ourinternet.org/publica...
5/ Ver Norbert Bollow: “El desafío democrático en internet”, América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. http://www.alainet.org/es/revistas/...
6/ Sobre los casos mencionados ver: Julia Powles, Data privacy: the tide is turning in Europe – but is it too little, too late?, http://www.theguardian.com/technolo...
7/ Al respecto ver Parminder Jeet Singh: “Neutralidad de la red por una internet igualitaria”, y María del Pilar Sáenz, “Hacia tierras más libres en internet”, ambos publicados en América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. http://www.alainet.org/es/revistas/...
8/ http://www.internetsocialforum.net/...
9/ www.internetsocialforum.net
0/ Llamamiento Túnez para la internet de la ciudadanía, http://www.alainet.org/es/articulo/...
11/ Llamado al Foro Social de Internet, http://internetsocialforum.net/site... Social Forum- sp.pdf
Sally Burch, periodista de ALAI.
http://www.alainet.org/es/articulo/... Artículo publicado en: América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. “Hacia una Internet ciudadana”. http://www.alainet.org/es/revistas/...
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